I. Hay un aspecto inherentemente contradictorio, antinómico, en la formulación de la seguridad democrática. Se sabe que los imperativos de la democracia suelen ser incompatibles, en principio, con los imperativos de la seguridad, entendida ésta en el sentido ‘clásico’ liberal como protección a la vida, honra y bienes de los ciudadanos como individuos posesivos, es decir, la seguridad de la propiedad (la vida misma para la ideología liberal se entiende no como esencia sino como propiedad). Frente a esta definición ‘estrecha’ de seguridad, no cabe otra noción de democracia que no sea igualmente estrecha, a saber, la democracia mínima y puramente electoral. Una noción más amplia y radical de democracia va en consonancia con nociones igualmente amplias de seguridad, entendida esta no sólo como la seguridad de los propietarios, sino como seguridad laboral, salarial, sanitaria, ambiental, en fin, una noción extensa y generosa de seguridad que suele englobarse con el mote de ‘seguridad social’. Sin esta, la democracia se convierte en un simulacro, una mala copia de si misma, una superficie de procedimientos, sin enraizarse en todos y cada uno de los espacios de la vida social.
Desafortunadamente, es esta la noción de seguridad que nos han vendido a los colombianos como parte del ‘embrujo autoritario’ del gobierno actual. Gran parte de las nuevas doctrinas de seguridad, que entienden esta en sentido mínimo, pasa por articular un discurso y una retórica según la cual, el ejercicio de ese poder es absolutamente necesario para conservar la vida y los bienes de los miembros del ‘contrato social’. Mediante la construcción discursiva de un ‘otro’/espejo (léase terroristas), las nuevas doctrinas de seguridad enfatizan la necesidad de poner entre paréntesis las reglas de la democracia ‘amplia’, y su sentido de la seguridad social, para implantar lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben (2004) denomina un ‘estado de excepción’, entendido como un estado de ‘sitio’ permanente en el que los derechos que imperan en la normalidad del Estado de derecho se ponen en suspenso, bajo el argumento de la ‘amenaza terrorista’ (recordemos que ese es el calificativo que el gobierno ha dado al conflicto colombiano). La seguridad democrática está fundamentada en estos dos supuestos: por un lado, un estado de excepción permanente pero solapado en el cual la normalidad jurídica de la democracia amplia se pone entre comillas; y, por otro, la idea de que en Colombia no hay guerra (la guerra tiene reglas) sino una amenaza de grupos terroristas (con las connotaciones morales que tal remoquete tiene en el mundo post-11S), lo cual lleva la guerra a la sociedad misma y la obliga a entrar en un permanente y prolongado estado de sitio. La supuesta urgencia e inminencia de la amenaza hace que, en los espacios y agendas de la opinión pública, desaparezcan los temas que tienen que ver con la seguridad en sentido amplio, la seguridad social, y se imponga la doctrina minimalista de la seguridad de los propietarios.
II. Lo acontecido en las últimas semanas ha dejado en evidencia el verdadero talante de la ‘seguridad democrática’ y las contradicciones inherentes a su formulación doctrinaria. En ella se hacen evidentes las tensas relaciones entre los requerimientos de la seguridad y los de la democracia. Cierto es que el discurso y las doctrinas de seguridad no son, ni deben ser, patrimonio exclusivo de un polo del espectro político (si tal cosa aún tiene facticidad y operatividad). La 'izquierda' ha sabido adaptar los imperativos de tener una sociedad segura como parte integral de una sociedad justa; a su vez, los partidos más progresistas que, grosso modo, podemos calificar ‘de centro derecha’, o ‘derecha’, han adoptado para sí e incluido en su discurso las reglas de la seguridad social. No obstante, una vez más, este gobierno ha apostado por una seguridad mínima que aleja del debate los temas de la seguridad social. Además, pone entre paréntesis el estado de derecho y muestra su lado más maquinal al romper la legalidad internacional y nacional. Nuestro gobierno ha entrado en la lógica maquiavélica según la cual, el fin justifica los medios. Todo lo que se haga con tal de derrotar al enemigo es válido. Si ello se logra, no importa cuanta sangre, sudor y lágrimas haya sido necesario derramar, con tal de conseguir un fin. Es la típica lógica relista de la cual también hacen gala nuestros grupos guerrilleros, tan mercenarios como aquellos a quien el mismo Maquiavelo condenaba en su Italia natal. Tres eventos nos hablan de lo transparente que se ha convertido este discurso, el cual se exhibe sin tapujos mientras la sociedad colombiana aplaude y la popularidad del presidente y su corte crece y crece.
Primero, las declaraciones del asesor presidencial José Obdulio Gaviria condenando la marcha del seis de marzo por estar apoyada por las FARC (también la apoyó Salvatore Mancuso y nadie dijo nada), expresadas con la avenencia del alto gobierno del cual es vocero e ideólogo, manifiestan un preocupante síntoma en nuestra democracia. Desde su ascensión al ‘primer sillón’, Uribe y su gobierno no han hecho otra cosa que condenar la movilización social y han manipulado la opinión pública en torno a la maniquea idea de que ‘o están con Colombia o están con los terroristas’. Resulta preocupante un gobierno que desconfía de la protesta social como uno de los indicadores más claros de una democracia palpitante y social. Entender la seguridad en sentido estrecho lleva a la condena de toda forma de oposición al poder y a la descalificación del opositor político y sus estrategias. El resultado está ahí a la vista: las muertes de seis de los organizadores de la marcha del seis de marzo que, si bien no pueden simplemente adjudicarse directamente al alto consejero presidencial, si son consecuencias de una doctrina de seguridad que construye como equivalentes a los opositores con los terroristas.
Por otro lado, el rompimiento de la legalidad internacional al dar de baja al cabecilla de las FARC, Raúl Reyes. Y no voy a caer en el risible argumento según el cual: ‘pobre Raúl Reyes que estaba durmiendo en pijama’. Sin embargo, lo que no puede aceptarse en que se viole la legalidad internacional, dando de baja a un guerrillero sin tener en cuenta las consecuencias del acto, que resultó siendo condenado de forma unánime por los gobiernos de todo el hemisferio. Los costos de tal acto han sido enormes. Más allá de la complicidad de los gobiernos de Venezuela y Ecuador con las FARC, Colombia ha quedado como el ‘pillo’ del vecindario, aquel que se mete en los territorios vecinos para satisfacer sus fines de seguridad. Más allá de la validez y legitimación interna del argumento, en el exterior la seguridad democrática no vende, como quedó en evidencia la semana pasada, tanto en Washington como en Santo Domingo.
Finalmente, la macabra muerte de ‘Iván Ríos’ y el bochornoso espectáculo al que hemos asistido los colombianos, presenciando el desfile de cadáveres destrozados de aquellos señalados como los ‘enemigos de la patria’. Mostrar el cuerpo destrozado del enemigo del cuerpo social es una estrategia simbólica usada acá y allá. No obstante cuando el espectáculo de la muerte se incorpora a los principios y doctrinas que rigen el colectivo, entramos en terreno complicado. La seguridad para ser verdaderamente democrática requiere, no solo de definiciones en sentido amplio de lo que constituye la seguridad, sino, además, de que el enemigo sea derrotado dentro de las reglas de la democracia. Para ser verdaderamente democrática, la seguridad debe actuar conforme a las leyes, internas y externas, no contra ellas. Los enemigos del Estado colombiano, deshumanizados en la guerra contra el terrorismo, son asesinados, no sometidos al rigor de la ley. Se les somete y derrota fuera de la democracia. No obstante, la ficción de que esta forma de seguridad es democrática se mantiene intacta en el inconsciente colectivo de los colombianos. El que el Estado colombiano pague por crímenes cometidos sienta un precedente que abre un boquete moral, patrocinado por el Estado, nunca antes visto en nuestra turbulenta historia.
Ello pone en evidencia, una vez más el carácter no-democrático de la seguridad democrática. Al ser una doctrina enmarcada en la ‘guerra global contra el terrorismo’, la seguridad democrática construye un enemigo deshumanizado, dotado de todos los atributos de una personalidad maléfica y al cual se puede matar ‘por el bien de la patria’. Cierto, los señores del secretariado de las FARC no son unos angelitos y son responsables por horrendos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero que no nos vengan a vender la tesis peregrina de que esto es seguridad dentro de la democracia porque, ciertamente, no lo es.
Desafortunadamente, es esta la noción de seguridad que nos han vendido a los colombianos como parte del ‘embrujo autoritario’ del gobierno actual. Gran parte de las nuevas doctrinas de seguridad, que entienden esta en sentido mínimo, pasa por articular un discurso y una retórica según la cual, el ejercicio de ese poder es absolutamente necesario para conservar la vida y los bienes de los miembros del ‘contrato social’. Mediante la construcción discursiva de un ‘otro’/espejo (léase terroristas), las nuevas doctrinas de seguridad enfatizan la necesidad de poner entre paréntesis las reglas de la democracia ‘amplia’, y su sentido de la seguridad social, para implantar lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben (2004) denomina un ‘estado de excepción’, entendido como un estado de ‘sitio’ permanente en el que los derechos que imperan en la normalidad del Estado de derecho se ponen en suspenso, bajo el argumento de la ‘amenaza terrorista’ (recordemos que ese es el calificativo que el gobierno ha dado al conflicto colombiano). La seguridad democrática está fundamentada en estos dos supuestos: por un lado, un estado de excepción permanente pero solapado en el cual la normalidad jurídica de la democracia amplia se pone entre comillas; y, por otro, la idea de que en Colombia no hay guerra (la guerra tiene reglas) sino una amenaza de grupos terroristas (con las connotaciones morales que tal remoquete tiene en el mundo post-11S), lo cual lleva la guerra a la sociedad misma y la obliga a entrar en un permanente y prolongado estado de sitio. La supuesta urgencia e inminencia de la amenaza hace que, en los espacios y agendas de la opinión pública, desaparezcan los temas que tienen que ver con la seguridad en sentido amplio, la seguridad social, y se imponga la doctrina minimalista de la seguridad de los propietarios.
II. Lo acontecido en las últimas semanas ha dejado en evidencia el verdadero talante de la ‘seguridad democrática’ y las contradicciones inherentes a su formulación doctrinaria. En ella se hacen evidentes las tensas relaciones entre los requerimientos de la seguridad y los de la democracia. Cierto es que el discurso y las doctrinas de seguridad no son, ni deben ser, patrimonio exclusivo de un polo del espectro político (si tal cosa aún tiene facticidad y operatividad). La 'izquierda' ha sabido adaptar los imperativos de tener una sociedad segura como parte integral de una sociedad justa; a su vez, los partidos más progresistas que, grosso modo, podemos calificar ‘de centro derecha’, o ‘derecha’, han adoptado para sí e incluido en su discurso las reglas de la seguridad social. No obstante, una vez más, este gobierno ha apostado por una seguridad mínima que aleja del debate los temas de la seguridad social. Además, pone entre paréntesis el estado de derecho y muestra su lado más maquinal al romper la legalidad internacional y nacional. Nuestro gobierno ha entrado en la lógica maquiavélica según la cual, el fin justifica los medios. Todo lo que se haga con tal de derrotar al enemigo es válido. Si ello se logra, no importa cuanta sangre, sudor y lágrimas haya sido necesario derramar, con tal de conseguir un fin. Es la típica lógica relista de la cual también hacen gala nuestros grupos guerrilleros, tan mercenarios como aquellos a quien el mismo Maquiavelo condenaba en su Italia natal. Tres eventos nos hablan de lo transparente que se ha convertido este discurso, el cual se exhibe sin tapujos mientras la sociedad colombiana aplaude y la popularidad del presidente y su corte crece y crece.
Primero, las declaraciones del asesor presidencial José Obdulio Gaviria condenando la marcha del seis de marzo por estar apoyada por las FARC (también la apoyó Salvatore Mancuso y nadie dijo nada), expresadas con la avenencia del alto gobierno del cual es vocero e ideólogo, manifiestan un preocupante síntoma en nuestra democracia. Desde su ascensión al ‘primer sillón’, Uribe y su gobierno no han hecho otra cosa que condenar la movilización social y han manipulado la opinión pública en torno a la maniquea idea de que ‘o están con Colombia o están con los terroristas’. Resulta preocupante un gobierno que desconfía de la protesta social como uno de los indicadores más claros de una democracia palpitante y social. Entender la seguridad en sentido estrecho lleva a la condena de toda forma de oposición al poder y a la descalificación del opositor político y sus estrategias. El resultado está ahí a la vista: las muertes de seis de los organizadores de la marcha del seis de marzo que, si bien no pueden simplemente adjudicarse directamente al alto consejero presidencial, si son consecuencias de una doctrina de seguridad que construye como equivalentes a los opositores con los terroristas.
Por otro lado, el rompimiento de la legalidad internacional al dar de baja al cabecilla de las FARC, Raúl Reyes. Y no voy a caer en el risible argumento según el cual: ‘pobre Raúl Reyes que estaba durmiendo en pijama’. Sin embargo, lo que no puede aceptarse en que se viole la legalidad internacional, dando de baja a un guerrillero sin tener en cuenta las consecuencias del acto, que resultó siendo condenado de forma unánime por los gobiernos de todo el hemisferio. Los costos de tal acto han sido enormes. Más allá de la complicidad de los gobiernos de Venezuela y Ecuador con las FARC, Colombia ha quedado como el ‘pillo’ del vecindario, aquel que se mete en los territorios vecinos para satisfacer sus fines de seguridad. Más allá de la validez y legitimación interna del argumento, en el exterior la seguridad democrática no vende, como quedó en evidencia la semana pasada, tanto en Washington como en Santo Domingo.
Finalmente, la macabra muerte de ‘Iván Ríos’ y el bochornoso espectáculo al que hemos asistido los colombianos, presenciando el desfile de cadáveres destrozados de aquellos señalados como los ‘enemigos de la patria’. Mostrar el cuerpo destrozado del enemigo del cuerpo social es una estrategia simbólica usada acá y allá. No obstante cuando el espectáculo de la muerte se incorpora a los principios y doctrinas que rigen el colectivo, entramos en terreno complicado. La seguridad para ser verdaderamente democrática requiere, no solo de definiciones en sentido amplio de lo que constituye la seguridad, sino, además, de que el enemigo sea derrotado dentro de las reglas de la democracia. Para ser verdaderamente democrática, la seguridad debe actuar conforme a las leyes, internas y externas, no contra ellas. Los enemigos del Estado colombiano, deshumanizados en la guerra contra el terrorismo, son asesinados, no sometidos al rigor de la ley. Se les somete y derrota fuera de la democracia. No obstante, la ficción de que esta forma de seguridad es democrática se mantiene intacta en el inconsciente colectivo de los colombianos. El que el Estado colombiano pague por crímenes cometidos sienta un precedente que abre un boquete moral, patrocinado por el Estado, nunca antes visto en nuestra turbulenta historia.
Ello pone en evidencia, una vez más el carácter no-democrático de la seguridad democrática. Al ser una doctrina enmarcada en la ‘guerra global contra el terrorismo’, la seguridad democrática construye un enemigo deshumanizado, dotado de todos los atributos de una personalidad maléfica y al cual se puede matar ‘por el bien de la patria’. Cierto, los señores del secretariado de las FARC no son unos angelitos y son responsables por horrendos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero que no nos vengan a vender la tesis peregrina de que esto es seguridad dentro de la democracia porque, ciertamente, no lo es.
Bogotá, marzo 16/2008.
