Desde su creación en Julio de 1998, la Corte Penal Internacional (CPI) ha mostrado tener dientes afilados en el juzgamiento de responsables de genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La reciente captura de Radovan Karadžić, político serbo-bosnio durante el genocidio orquestado por el grupo serbio contra sus vecinos croatas y bosníacos, y su pronta puesta en un proceso judicial, demuestra la operatividad que este instrumento del derecho internacional tiene para que los culpables de derramar sangre al interior de sus países no se salgan con la suya, amparados por sus legislaciones nacionales.
Colombia como firmante del tratado de Roma, que da origen a la CPI, suscribió al acuerdo que le otorga competencia a la corte para juzgar los crímenes cometidos después de julio de 2002, fecha de su firma por parte de la mayoría de naciones democráticas con excepción de los Estados Unidos. A pesar de que, con argumentos basados en la necesidad de abrir un paréntesis hasta el 2009 para negociar posibles acuerdos de paz, Colombia pidió una salvaguarda de siete años, los crímenes cometidos por la guerrilla, paramilitares y miembros de la fuerza pública, serán juzgados con retroactividad tan pronto venza la prórroga el próximo año.
Ello no es de poca trascendencia. Para Colombia ello implica que ahora un nuevo agente penal entrará a complementar el orden jurídico interno para que la impunidad no sea la moneda corriente a la que estamos acostumbrados los colombianos.
Frente a los paramilitares y el proceso de paz adelantado por el gobierno Uribe, la corte tiene pleno poder para juzgar no sólo a los jefes paras, sino también a los políticos que construyeron junto a ellos, una horrenda estructura de votos, sangre y balas, que apalancó ese proyecto político que los colombianos padecemos hace ya más de seis años: el uribismo.
Eso es lo que se entiende del reciente comunicado que la CPI ha mandado al gobierno colombiano y que ha causado una conmoción en el mismo, empeñado en que la ‘parapolítica’ sea enterrada, lo cual se evidencia en la virulencia con que la confabulación del ejecutivo y algunos miembros del legislativo atacan a la Corte Suprema de Justicia.
Ello implica que la impunidad que ya se tiene asegurada aquí, no podrá ser sostenida allá, una vez prescriba la salvaguarda. Es una verdad maciza como una catedral que el proceso de paz con los grupos paramilitares estuvo viciado desde un principio; se trató de un proceso anómalo donde la desmovilización precedió a una negociación bajo la mesa, cuyos contenidos siguen siendo un misterio para los colombianos. Un proceso cuyo marco legal, la ley 975 de 2005 resultó un fiasco a la hora de asegurar a las víctimas verdad, justicia y reparación. Un proceso donde las víctimas, han estado ausentes, sus organizaciones han sido estigmatizadas desde el gobierno, y en que la normatividad que lo reglamenta ha sido elaborada por un congreso infectado por su alianza con los victimarios.
En un momento tan delicado como el que atraviesa Colombia, donde el ejecutivo ataca a la corte que tiene por función juzgar a los políticos aliados con los criminales, la nota de la CPI es una buena noticia. La CPI quiere saber que grado de culpabilidad les cabe a los políticos investigados por la corte Suprema de Justicia. Lo anterior evidencia la forma como la CPI se enfoca en los grandes responsables de los crímenes más que en los combatientes, quienes seguirán amparados por la Ley 975. Se trata de un tratamiento similar al que la corte ha aplicado en los casos de Sudan y la ex-Yugoslavia. La solicitud fue hecha por el fiscal Luís Moreno Ocampo quien visitará la próxima semana el país, una visita no grata para el gobierno que sin embargo, tendrá que ‘tragarse el sapo’. Uribe y su gobierno que se mostraron tan respetuosos de la legalidad internacional con el peritaje técnico que Interpol realizó a los computadores de Raúl Reyes tiene que hacer lo propio con la CPI. No obstante, colaborar con el tribunal penal internacional es una apuesta que dudo esté dispuesto a hacer de forma sincera este gobierno. Hacerlo, sería incurrir en una contradicción con su actuar interno, algo que me temo, no ofrece mucho consuelo a las víctimas. No obstante, el anuncio de que la CPI está pendiente de lo que sucede en Colombia es un aviso esperanzador.
Colombia como firmante del tratado de Roma, que da origen a la CPI, suscribió al acuerdo que le otorga competencia a la corte para juzgar los crímenes cometidos después de julio de 2002, fecha de su firma por parte de la mayoría de naciones democráticas con excepción de los Estados Unidos. A pesar de que, con argumentos basados en la necesidad de abrir un paréntesis hasta el 2009 para negociar posibles acuerdos de paz, Colombia pidió una salvaguarda de siete años, los crímenes cometidos por la guerrilla, paramilitares y miembros de la fuerza pública, serán juzgados con retroactividad tan pronto venza la prórroga el próximo año.
Ello no es de poca trascendencia. Para Colombia ello implica que ahora un nuevo agente penal entrará a complementar el orden jurídico interno para que la impunidad no sea la moneda corriente a la que estamos acostumbrados los colombianos.
Frente a los paramilitares y el proceso de paz adelantado por el gobierno Uribe, la corte tiene pleno poder para juzgar no sólo a los jefes paras, sino también a los políticos que construyeron junto a ellos, una horrenda estructura de votos, sangre y balas, que apalancó ese proyecto político que los colombianos padecemos hace ya más de seis años: el uribismo.
Eso es lo que se entiende del reciente comunicado que la CPI ha mandado al gobierno colombiano y que ha causado una conmoción en el mismo, empeñado en que la ‘parapolítica’ sea enterrada, lo cual se evidencia en la virulencia con que la confabulación del ejecutivo y algunos miembros del legislativo atacan a la Corte Suprema de Justicia.
Ello implica que la impunidad que ya se tiene asegurada aquí, no podrá ser sostenida allá, una vez prescriba la salvaguarda. Es una verdad maciza como una catedral que el proceso de paz con los grupos paramilitares estuvo viciado desde un principio; se trató de un proceso anómalo donde la desmovilización precedió a una negociación bajo la mesa, cuyos contenidos siguen siendo un misterio para los colombianos. Un proceso cuyo marco legal, la ley 975 de 2005 resultó un fiasco a la hora de asegurar a las víctimas verdad, justicia y reparación. Un proceso donde las víctimas, han estado ausentes, sus organizaciones han sido estigmatizadas desde el gobierno, y en que la normatividad que lo reglamenta ha sido elaborada por un congreso infectado por su alianza con los victimarios.
En un momento tan delicado como el que atraviesa Colombia, donde el ejecutivo ataca a la corte que tiene por función juzgar a los políticos aliados con los criminales, la nota de la CPI es una buena noticia. La CPI quiere saber que grado de culpabilidad les cabe a los políticos investigados por la corte Suprema de Justicia. Lo anterior evidencia la forma como la CPI se enfoca en los grandes responsables de los crímenes más que en los combatientes, quienes seguirán amparados por la Ley 975. Se trata de un tratamiento similar al que la corte ha aplicado en los casos de Sudan y la ex-Yugoslavia. La solicitud fue hecha por el fiscal Luís Moreno Ocampo quien visitará la próxima semana el país, una visita no grata para el gobierno que sin embargo, tendrá que ‘tragarse el sapo’. Uribe y su gobierno que se mostraron tan respetuosos de la legalidad internacional con el peritaje técnico que Interpol realizó a los computadores de Raúl Reyes tiene que hacer lo propio con la CPI. No obstante, colaborar con el tribunal penal internacional es una apuesta que dudo esté dispuesto a hacer de forma sincera este gobierno. Hacerlo, sería incurrir en una contradicción con su actuar interno, algo que me temo, no ofrece mucho consuelo a las víctimas. No obstante, el anuncio de que la CPI está pendiente de lo que sucede en Colombia es un aviso esperanzador.
